La DGT quiere poner límite de velocidad y controles de alcoholemia a los peatones.

El consejo de Estado lo ridiculiza

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A su juicio, esta conclusión es “insostenible”, pues los derechos de libertad y seguridad a circular libremente por el territorio nacional y a la intimidad personal de la Constitución, se verían dañado “por el simple hecho de que pasear por las vías se sometiera a estas restricciones”.

En este sentido, alega que, de llevarse a cabo la norma pretendida “los españoles habrían de abstenerse de participar en fiestas populares o de asistir a bodas y celebraciones en las que se consume habitualmente alcohol, ya que podrían verse sometidos a un control de alcoholemia si, en las inmediaciones, un vehículo sufre un accidente”.


En cuanto a la reducción de velocidad en zonas urbanas, el Consejo de Estado se muestra contrario a su aprobación porque “invade las competencias de las Entidades Locales” y apunta que, de llevarse a cabo esta norma, será “objeto de una inmediata impugnación por parte de los ayuntamientos”. Además, éstos han mostrado su oposición a la misma, al considerar que podría “colapsar” la circulación de las ciudades.


En cuanto a la normativa hacia los ciclistas, el Consejo de Estado, la denomina como “notablemente imprecisa”, con situaciones que considera “absurdas”, como, por ejemplo, fijar límites de velocidad para estos vehículos, cuando no poseen medidores.

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Además, apunta que la autorización para transportar niños menores de cinco años por cualquier ciclista “contradice las regulaciones sobre medidas de seguridad vial de los menores” y que este reglamento “altera el modelo urbano en España, en el que la acerca y la zona peatonal no son un carril de circulación, sino un espacio de convivencia de los ciudadanos”.

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